Potencias mundiales divulgan el plan antipiratería

El texto fue hecho público en Europa, donde despertó quejas desde diversos sectores. No prevé cortar el acceso a la web de los infractores, pero sí compromete a las operadoras a brindar detalles de los usuarios que comparten archivos protegidos.

El texto, que se hizo público a través de la Comisión Europea (CE) después de meses de negociación a puerta cerrada, no prevé cortes ni confiscaciones de material para los usuarios de la red.

Tampoco se estipula que los proveedores de acceso a internet informen a las autoridades automáticamente de los usuarios que descargan y comparten archivos protegidos, una información que tan sólo estarán obligados a dar cuando medie autorización de un juez.

Algunos borradores filtrados a los medios de comunicación a principios de año reflejaban la voluntad de los gobiernos de responsabilizar más a los operadores de acceso a internet de los contenidos y obligarles a cortar el servicio a los usuarios que infrinjan repetidamente la legislación sobre derechos de autor.

El propio Parlamento Europeo (PE) había mostrado sus reticencias a una posible generalización del castigo a los internautas que intercambian archivos protegidos, en una resolución aprobada el pasado 12 de marzo por 663 votos a 13.

El comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, se ha mostrado "satisfecho de que la Unión Europea (UE) haya convencido a sus socios comerciales de hacer público el borrador", ha informado en un comunicado.

Según de Gucht, "el texto aclara de lo que trata el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, en sus siglas en inglés): de proveer a la industria y a los creadores de una mejor protección fuera de sus fronteras, esencial para las empresas y los propios ciudadanos europeos".

Respecto a la lucha contra la falsificación, uno de los avances del tratado son las facilidades que pretende dar a los creadores europeos para que presenten denuncias en los Estados terceros donde se reproducen de forma fraudulenta sus obras.

El ACTA se negocia desde 2008 por los países industrializados, entre ellos los Veintisiete, así como los Estados Unidos, Japón y Australia, entre otros.

Su principal objetivo es la lucha común de los países industrializados contra el delito de falsificación y la piratería a gran escala que proviene principalmente de los países en vías de desarrollo.

Fuente: EFE